El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, detuvo temporalmente la reubicación de líderes de estructuras criminales a prisiones del Atlántico, luego de los cuestionamientos del alcalde Alejandro Char y autoridades regionales.
Idárraga justificó la medida al señalar que los barranquilleros merecen “coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”.
El plan original contemplaba llevar a Jorge Díaz, alias ‘Castor’, Digno Palomino y alias ‘Negro Ober’, acompañados de 40 delincuentes adicionales, a centros de reclusión atlanticenses. Esta medida surge del proceso de diálogos iniciado el 2 de octubre de 2025 con las bandas criminales.
Char manifestó su rechazo mediante su cuenta de X: “¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, ‘Castor’, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”.
El mandatario distrital denunció que la determinación desconoce el dolor de víctimas de extorsión, madres que perdieron hijos y comerciantes afectados. Además, cuestionó la decisión en temporada de Carnaval y recordó que la ciudad invirtió 150 mil millones de pesos en seguridad con recursos propios.
El presidente Gustavo Petro le respondió: “No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.
No obstante, cifras del expersonero Arturo García Medrano revelan que al 11 de enero el Atlántico acumula 33 muertes violentas en 2026, con 26 sicariatos.
El gobernador Eduardo Verano pidió intervención de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, Char convocó reunión urgente con entes de control, gremios y víctimas para abordar el tema.
