El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, arremetió contra la decisión del Gobierno nacional de trasladar a Jorge Díaz, alias ‘Castor’, Digno Palomino, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a cárceles del Atlántico.
“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, expresó el mandatario a través de su cuenta en X.
Char denunció que la medida desconoce el sufrimiento de las víctimas de extorsión en la ciudad. “Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos.
No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”, señaló.
El alcalde también cuestionó la falta de respaldo nacional en materia de seguridad. “Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, reclamó.
Con Barranquilla preparándose para recibir miles de turistas durante el Carnaval, Char advirtió sobre las consecuencias de esta decisión.
“Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, afirmó.
El mandatario local exigió “decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales”, y convocó “a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador Eduardo Verano y el Ministerio Público para una reunion urgente”.
El traslado de estos cabecillas forma parte del proceso de diálogos con bandas criminales que el Gobierno nacional inició en octubre de 2025, conocido como ‘Paz Urbana’.
