La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, alertó sobre un deterioro acelerado de la situación humanitaria en el Catatumbo tras una misión de verificación realizada junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Diócesis de Tibú.
El recorrido incluyó corregimientos y veredas de Tibú y El Tarra, donde constataron confinamientos, desplazamientos, ataques con explosivos y restricciones a la movilidad.
Según el informe presentado, comunidades de Versalles, Pacelli, Filogringo y sectores de la vía Tibú–La Gabarra permanecen aisladas por enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La misión documentó que estos grupos mantienen disputas territoriales que afectan de manera directa a la población civil.
Uno de los principales factores de riesgo es el uso permanente de drones con cargas explosivas, así como la presencia de minas y restos de municiones sin detonar.
La comisión observó artefactos a la vista de niños y niñas en zonas residenciales y espacios públicos. Esta situación ya había sido advertida en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en octubre pasado.
En Versalles y otras veredas cercanas, los habitantes denunciaron bloqueos que impiden el ingreso de alimentos, gas y transporte. La falta de conectividad obligó a la suspensión de clases y a la renuncia de docentes, lo que dejó a cientos de estudiantes sin acceso a educación presencial ni virtual.
En Filogringo, la comisión halló viviendas destruidas y evidencias recientes de combates. Allí también se reportó un ataque contra una misión médica, lo que llevó a la salida de su personal. En El Tarra, seis civiles resultaron heridos y varias familias se desplazaron hacia el casco urbano sin recibir aún ayuda humanitaria.
Marín Ortiz pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario, permitir la circulación de personas y garantizar corredores para el abastecimiento.
Al Gobierno Nacional le solicitó una presencia sostenida, atención psicosocial y protección inmediata para las comunidades, incluidas familias migrantes que enfrentan barreras adicionales para acceder a asistencia.
