El fuerte ajuste del salario mínimo para 2026, estimado en un 23,7% y que lo eleva a 1.750.000 pesos más auxilio de transporte, encendió alertas entre analistas y empresarios que temen un efecto en cadena sobre precios, tasas de interés y empleo.
El consultor en competitividad, Boris Zapata Romero, advirtió que la discusión no es si debía aplicarse o no, porque “Ya está aquí. La discusión es cómo ese aumento se vuelve real”, y pidió evitar que se traduzca en inflación y mayor informalidad.
Zapata recordó que más del 55% de los trabajadores del país están fuera de la formalidad y que en Córdoba la cifra ronda entre 60% y 65%, por lo que muchas personas ni siquiera reciben el mínimo.
También insistió en evitar la indexación automática y en proteger principalmente a jóvenes y mujeres, señalando que el Banco de la República podría subir tasas para contener presiones de precios, lo que encarecería el crédito. Además, advirtió que el gasto estatal crecerá con el ajuste a servidores públicos, calculado en cerca de 7 billones de pesos.
El gerente de Rave Construcciones, Humberto Ramos, alertó que el sector inmobiliario ya está golpeado. Señaló que frente a 2022 hay caída en iniciaciones de vivienda cercana al 40%, pasando de cerca de 170.000 a alrededor de 107.000, y recalcó que “hemos tenido una reducción acumulada del 40%”.
Explicó que el 80% de las compras se financia y que una subida de tasas afectaría cuotas y decisiones de compra. También anticipó posibles congelamientos de proyectos y más presión sobre arriendos y vivienda usada.
Ramos indicó que en Montería los alquileres básicos pasaron en tres años de unos 400.000 pesos a 600.000 o 650.000, un aumento cercano al 50%. Ambos coinciden: 2026 será un año complejo y se requieren medidas que impulsen productividad, apoyo a microempresas y monitoreo de empleo, precios e informalidad para evitar que el alza salarial termine diluida por la inflación.
