La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Córdoba expresó su rechazo al incremento del 23% del salario mínimo para 2025, calificándolo como una decisión “desproporcionada y desconectada de la realidad productiva regional” que pone en riesgo a más del 90% del tejido empresarial del departamento.
El director ejecutivo de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la inmensa mayoría del sector productivo cordobés, enfrentarán graves dificultades para asumir los nuevos costos laborales.
“Este aumento expulsa empleo formal hacia la informalidad y eleva los costos laborales totales a niveles que muchas empresas no pueden absorber”, señaló Martínez García en un comunicado oficial.
Impactos previstos
Según el gremio empresarial, el incremento generará múltiples efectos negativos: destrucción de empleo en pymes, aumento del desempleo juvenil y de trabajadores poco calificados, presión inflacionaria, reducción del recaudo fiscal y debilitamiento del sistema pensional.
Fenalco advirtió que el costo laboral real —incluyendo salario, prestaciones y aportes— se acercará o superará los 3 millones de pesos mensuales, “una barrera insostenible para miles de negocios locales”.
En Córdoba, donde el comercio, los servicios y el emprendimiento popular son el motor del empleo, la decisión amenaza con provocar cierres, despidos y congelamiento de nuevas contrataciones, afectando directamente a jóvenes, mujeres y trabajadores de baja productividad.
Estrategias de contingencia
Ante este escenario, Fenalco Córdoba activó una agenda de cinco estrategias para apoyar a los empresarios del departamento: asesoría técnica y laboral, mesas gremiales sectoriales, gestión institucional ante el Gobierno Nacional y el Congreso, estrategias de productividad y eficiencia, y defensa activa del comercio formal.
“Un salario digno solo es sostenible si existe empresa viva que lo pague”, enfatizó el directivo gremial, quien hizo un llamado al diálogo técnico, serio y regional sobre la política salarial del país.
El gremio insistió en que la decisión fue tomada “sin el consenso técnico necesario” y reiteró que defender al empresario es defender el empleo, la formalidad y el futuro económico de Córdoba y Colombia.
