La medida aplicaría desde julio de 2026 y eliminaría un pago mensual de $16,9 millones por legislador.
El Ministerio de Hacienda elaboró un borrador de decreto para suprimir la prima especial de servicios que reciben los miembros del Congreso de la República.
El documento, que se ha conocido contempla la eliminación de este beneficio para los legisladores que asuman funciones a partir del 20 de julio de 2026.
La prima que se busca eliminar alcanza este año los $16.914.540 mensuales por congresista. No obstante, fuentes consultadas indicaron que del salario total de los legisladores se descuentan aproximadamente $20 millones de pesos.
El borrador fundamenta la decisión en la desproporción entre lo que ganan los congresistas y el ingreso promedio de los colombianos. “La remuneración percibida por los Congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo”, afirma el documento oficial.
El texto añade que “se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas” que no afecten “los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los Congresistas”.
La medida derogaría el decreto 2170 de octubre 4 de 2013, norma que creó esta prima especial. El proyecto también establece que “conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución Política no se reconocerá ni pagará a los Congresistas la prima creada mediante el Decreto 2170 de 2013 ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición”.
El borrador argumenta que la interpretación jurisprudencial de la Ley 4 de 1992 permite “colegir que tales prestaciones no son obligatorias o forzosas para el Ejecutivo como órgano decisor de la misma”.
El documento también cita la sentencia C-608/99 de la Corte Constitucional, que señaló que el Ejecutivo “en sus decretos puede o no contemplarlas, según las circunstancias lo justifiquen o no”.
De concretarse, esta decisión representaría un cambio en las condiciones económicas de quienes integren el Legislativo a partir de la próxima legislatura.
