El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió al frente de las críticas sobre el aumento del salario mínimo y defendió las condiciones económicas del país para soportar el incremento del 23,7% decretado por el gobierno.
“No caigo en el catastrofismo ni en la desinformación. La inflación en nuestro país se encuentra controlada, el desempleo está en un mínimo en el siglo y tenemos una economía sana y pujante”, afirmó el funcionario en respuesta a los cuestionamientos de gremios empresariales y sectores de oposición.
Sanguino anunció que el salario mínimo para 2026 quedó en $2 millones con auxilio de transporte, cifra que representa el doble de lo que recibió el gobierno del presidente Gustavo Petro de la administración de Iván Duque.
El ministro detalló que el salario base se fijó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte llegó a $249.095. La suma total alcanza los $2 millones, lo que constituye un aumento del 23,7% frente al monto vigente en 2025.
El titular de la cartera laboral destacó que durante 34 años Colombia no aplicó el concepto de salario vital consagrado en la Constitución Política. Según Sanguino, el mandato que recibió al entrar al gobierno fue defender a los trabajadores y materializar este concepto constitucional.
“Hoy, es un orgullo, junto al presidente Gustavo Petro, anunciarle al país que vamos a materializar esa promesa y que, consecuentes con una convicción de aumento real durante tres años de Gobierno, el salario mínimo para 2026 será un salario vital digno”, manifestó el ministro.
Sanguino enfatizó la evolución del salario durante la actual administración. El gobierno recibió el salario mínimo en $1 millón, equivalente a $1.117.172 con auxilio de transporte, y lo entregará en 2026 en $2 millones.
El ministro concluyó su defensa del decreto con una declaración sobre la visión económica del gobierno. “Hoy en Colombia decimos: sin trabajo no hay capital; estamos cerrando brechas y saldando deudas con el pueblo trabajador”, afirmó Sanguino.
La posición del ministro contrasta con las advertencias de gremios empresariales como Fenalco y ANDI, que han alertado sobre posibles efectos negativos del aumento en la inflación, el empleo formal y las finanzas públicas.
