El Gobierno nacional y el Congreso de la República protagonizan un fuerte cruce político alrededor de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre, una medida que busca dar herramientas al Ejecutivo para enfrentar la situación fiscal del país.
El presidente del Senado, Lidio García, anunció que convocará al Congreso para una sesión extraordinaria este viernes 26 de diciembre, con el fin de incluir en la agenda un debate de control político al decreto de emergencia económica. García indicó que, pese al receso legislativo por vacaciones y festividades, la función de control político no se suspende y por ello se retomarán actividades.
“Como Presidente del Congreso, rechazo cualquier intento del Gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir déficits presupuestales”, expresó García, subrayando que la corporación tiene la facultad de ejercer su función incluso en esta temporada del año.
La convocatoria también busca avanzar en otros temas, como la votación de ascensos militares y de la Policía Nacional, pero la declaratoria de emergencia ha generado el choque institucional más visible.
Varios legisladores de oposición han manifestado que el decreto carece de sustento constitucional, y se espera que en la plenaria se presente una proposición formal para iniciar el control político.
Desde el Gobierno la respuesta ha sido de advertencia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Congreso aún no puede ejercer control político sobre la emergencia económica hasta que el Ejecutivo remita el informe oficial que justifique y explique las medidas adoptadas bajo esa declaratoria.
Benedetti recordó que ciertas condiciones legales, como el envío de ese documento, son requisitos previos para que el Legislativo pueda estudiar formalmente el tema.
Además, el ministro señaló que las sesiones virtuales del Congreso solo son válidas en casos excepcionales como pandemias o desastres naturales, lo que pone en duda la forma en que podría llevarse a cabo este control político.
Así, la tensión entre los poderes se mantiene, mientras la Declaratoria de Emergencia Económica sigue siendo objeto de debate jurídico y político en Colombia.
