El presidente Gustavo Petro, acompañado de todo su gabinete ministerial, firmó este domingo 22 de diciembre el Decreto 1390 de 2025, con el cual declara oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia.
Según el Ejecutivo, el país enfrenta una crisis fiscal calificada como “excepcional” que amenaza derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales, justificando la activación de este mecanismo constitucional extraordinario.
El Gobierno sustenta la medida en un faltante de recursos que el Estado no puede cubrir mediante las vías ordinarias establecidas en la legislación vigente. La administración Petro argumenta que existe una “incapacidad material” para responder a las necesidades básicas de la población colombiana.
Las causas de esta situación, según el decreto, se derivan de la combinación de múltiples factores: deudas acumuladas de administraciones anteriores, fallos judiciales que ordenan pagos inmediatos, y el bloqueo sistemático en el Congreso de la República a los proyectos de financiación presentados por el Ejecutivo.
El Estado de Emergencia Económica y Social otorga al presidente facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley durante un periodo determinado, sin necesidad de aprobación del Congreso, aunque estos deben ser revisados posteriormente por la Corte Constitucional.
Esta declaratoria se produce en medio de una creciente tensión política y económica, después de que el Congreso hundiera en las últimas semanas las propuestas de reforma tributaria del Gobierno, dejando sin financiación planes y programas sociales para 2026.
