El sistema de salud del departamento de Córdoba sirvió como mecanismo de enriquecimiento personal para altos funcionarios y dirigentes políticos regionales, según reveló el exgobernador Alejandro Lyons Muskus en su declaración judicial por el Cartel de la Hemofilia.
Durante más de dos horas, el exmandatario cordobés admitió ante el tribunal que desde su primer cobro ilegal conocía el origen de los fondos.
Los dineros provenían directamente de las cuentas destinadas a pacientes con hemofilia, una población vulnerable que requiere tratamientos costosos y permanentes.
Lyons Muskus explicó que el esquema fraudulento operaba mediante un pacto establecido con el exsenador Musa Besaile antes de asumir la Gobernación en 2012.
El acuerdo estipulaba repartir en partes iguales todas las ganancias obtenidas durante la administración departamental. Sami Spath, también vinculado con este caso de corrupción, actuaba como mensajero de los pagos.
Lyons en su declaración dijo que la IPS Unidos por su Bienestar entregaba el 10% del valor de cada resolución aprobada. Este porcentaje representó aproximadamente $4.000 millones para los dos socios políticos. Los recursos no POS, destinados a cubrir servicios excluidos del plan obligatorio, facilitaron el desvío mediante certificados de disponibilidad presupuestal globales.
El exgobernador señaló que múltiples filtros institucionales debían impedir estas irregularidades. Un comité interdisciplinario con profesionales médicos tenía la responsabilidad de verificar historias clínicas y confirmar la existencia real de cada paciente. Estos controles nunca operaron adecuadamente.
La Fiscalía General calcula que el desfalco total supera los $50.000 millones, cifra que convierte este caso en uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en la región Caribe.
Edwin Preciado Lorduy, exsecretario de Salud, y el médico Juan David Náder enfrentan actualmente juicio oral por su presunta participación en esta red de corrupción.
