Un magistrado del Tribunal Superior de Cartagena anuló la decisión inicial que favorecía a Reficar en su acción de tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), relacionada con obligaciones tributarias superiores al billón de pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado en operaciones de combustible.
La refinería cartagenera pretendía evitar el pago del 19 % de IVA correspondiente a la importación de gasolina y ACPM desde Zona Franca hacia territorio colombiano. El tribunal determinó que la compañía dispone de recursos judiciales ordinarios para cuestionar las determinaciones administrativas emitidas por la autoridad tributaria.
Según el pronunciamiento judicial, no existen elementos probatorios que demuestren un proceso ejecutivo iniciado ni daños inminentes. “No se configura una amenaza cierta, grave e inminente. Los actos administrativos de determinación tributaria deben discutirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, establece el documento.
La refinería argumentaba que el Ministerio de Minas y Energía no había establecido la base gravable especial para estos combustibles, mientras la DIAN aplicaba requerimientos con tarifa completa. Reficar alegaba que eventuales embargos pondrían en riesgo su funcionamiento, afectando 4.600 empleos y el suministro energético del Caribe colombiano.
El fallo rechaza estos planteamientos al considerar que “la sola expectativa de una eventual ejecución de cobro, sin una actuación concreta, inmediata e irreversible, no cumple los criterios para acreditar un perjuicio irremediable”.
Este vacío normativo surgió porque el Ministerio de Minas no actualizó la determinación de la base gravable especial que tradicionalmente aplicaba para importaciones desde zona franca. Ante esta situación, la DIAN decidió aplicar desde diciembre de 2024 la tarifa general del 19 %, generando requerimientos millonarios a múltiples empresas petroleras.
El expediente ahora será examinado por la Corte Constitucional para revisión definitiva.
