El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto que transformaría radicalmente las reglas para quienes alquilan viviendas por temporadas cortas a turistas, generando alarma en el sector tecnológico. El documento está abierto a comentarios hasta el 17 de diciembre.
La principal preocupación es que el decreto cambiaría un sistema actualmente sencillo por uno complejo donde el Estado decidiría quién puede o no arrendar con fines turísticos.
Hoy cualquier persona se inscribe en el Registro Nacional de Turismo declarando que cumple los requisitos; con la nueva norma, debería probarlo antes con documentos que la ley no exige.
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones explicó que propietarios deberían presentar permisos de uso de suelo, autorizaciones de propiedad horizontal y otros papeles que actualmente no se piden. Esto convertiría el registro en una verdadera licencia costosa y difícil de conseguir.
El problema se agrava porque no habría tiempo de adaptación: miles de familias de clase media que complementan sus ingresos alquilando habitaciones o apartamentos podrían quedar fuera de la legalidad de un día para otro. Muchos tendrían que abandonar esta actividad por no poder cumplir los nuevos requisitos.
Las plataformas como Airbnb también enfrentarían obligaciones complicadas: verificar cada seis meses que todos los anuncios tengan registro vigente, eliminar publicaciones repetidas y conectarse con sistemas del Gobierno que aún no existen.
La CCIT advierte que estas exigencias empujarían la actividad hacia la informalidad, exactamente lo contrario de lo buscado. Actualmente el 95 por ciento de anfitriones están registrados legalmente.
El sector calcula que estas plataformas han generado 215.000 empleos y aportado 554 millones de dólares a la economía turística colombiana.
El Gobierno Nacional defiende el decreto argumentando que debe cerrar vacíos legales, evitar fraudes y coordinar mejor entidades como DIAN y Migración Colombia.
