El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se pronunció tras la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo que designa a Tierralta como uno de los tres municipios que albergará una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para concentración de combatientes.
“Desde el departamento de Córdoba siempre estaremos para acompañar los diferentes intentos por construir paz. Lo dije desde mi posesión. Eso sí, con responsabilidad y firmeza, acompañaré cualquier proceso que garantice seguridad, tranquilidad, reconciliación y desarrollo para nuestras comunidades”, manifestó el mandatario.
Zuleta destacó que Córdoba ha sido un territorio históricamente golpeado por la violencia. “Por eso, velaremos para que estos acuerdos no se queden en el papel, sino que se conviertan en verdadera paz territorial, con resultados concretos que transformen el territorio y protejan la vida y dignidad de nuestra gente”, enfatizó.
El gobernador propuso al Gobierno Nacional y la mesa de diálogo hacer pronto una reunión en el departamento con diferentes sectores y gremios para que expliquen el alcance de la firma de este acuerdo y estas zonas que se crearán en territorio cordobés.
“Además, para que escuchen también ustedes a nuestra gente, que saben más de paz que cualquiera, porque les ha tocado construir una vida resiliente en medio de la guerra”, señaló Zuleta invitando a las autoridades nacionales a conocer la realidad del departamento.
El mandatario pidió que el anuncio se acompañe próximamente con gestos concretos que generen confianza, como la eliminación de la extorsión y la definición de inversión y acciones en estas zonas designadas.
El pacto entre el Gobierno Nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), firmado en Doha, Catar, establece que desde el primero de marzo de 2026 iniciará el ingreso gradual de miembros de esta estructura armada, que cuenta con cerca de 9.000 integrantes en el país.
Además de Tierralta, cuatro municipios cordobeses más fueron incluidos en la ampliación de acciones piloto del proceso: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, que implementarán medidas para construir confianza y articular transformaciones territoriales.
