El Ministerio de Justicia le solicitó formalmente a las autoridades de Estados Unidos información para identificar al individuo denominado como “Funcionario Colombiano 3” dentro del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) firmado entre el Departamento de Justicia, Corficolombiana y Grupo Aval. La petición fue dirigida a la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, y al juez George L. Russell III, de la Corte del Distrito de Maryland.
En el documento, el Gobierno colombiano señala que el acuerdo judicial menciona la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva que habría ejercido sus funciones entre 2010 y 2018 y que, según los hechos descritos, habría recibido pagos ilegales relacionados con el proyecto vial Ruta del Sol, adjudicado al concesionario conformado por Corficolombiana y Odebrecht.
El ministerio explica que la identidad del señalado es conocida por las autoridades estadounidenses y subraya que, para los esfuerzos nacionales de lucha contra la corrupción, es esencial acceder a esa información. Por ello, solicita que la documentación y los soportes que permitieron establecer su rol sean compartidos con el Estado colombiano, ya sea a través del Ministerio de Justicia o, en su defecto, por medio de la Fiscalía General de la Nación.
La carta, firmada por el ministro encargado Andrés Idárraga, insiste en que la cooperación internacional es indispensable para esclarecer los hechos y avanzar en la judicialización de los responsables vinculados a uno de los escándalos de corrupción más relevantes de la última década en el país.
