El próximo martes 9 de diciembre a las 8:30 a.m., el excanciller Álvaro Leyva Durán comparecerá ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para escuchar la imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación le formulará por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
La audiencia se centra en las irregularidades cometidas durante el proceso de licitación para la fabricación y distribución de pasaportes colombianos.
Según el ente acusador, Leyva habría emitido actos administrativos contrarios a la ley cuando decidió declarar desierta la licitación, pese a que la empresa Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje en la evaluación y cumplía con todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
El exfuncionario tomó la decisión de frenar el proceso mediante la Resolución 7485 de septiembre de 2023, argumentando que buscaba proteger los recursos del Estado. Sin embargo, para la justicia, esta determinación careció de fundamento legal y vulneró principios fundamentales de la contratación pública como la transparencia, la economía y la responsabilidad.
Este proceso penal se suma a las múltiples sanciones disciplinarias que ya pesan sobre Leyva. En septiembre de 2025, la Procuraduría ratificó su destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos por este mismo caso. Además, enfrenta otro juicio disciplinario por haber continuado ejerciendo funciones como canciller entre enero y febrero de 2024, cuando estaba suspendido provisionalmente.
Durante ese período de suspensión, el exministro firmó 76 resoluciones, 19 notas diplomáticas y otras actuaciones oficiales, desconociendo la orden del órgano de control.
La controversia de los pasaportes desató una crisis administrativa que obligó al gobierno a declarar urgencia manifiesta y extender contratos temporales para evitar desabastecimiento del documento de viaje.
