La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará el delito de prevaricato por acción al excanciller Álvaro Leyva, debido a la decisión que tomó en 2023 al declarar desierta la licitación para adjudicar el contrato de elaboración de los pasaportes colombianos.
Según el ente investigador, Leyva habría actuado sin sustento legal al frenar el proceso, pese a que la Unión Temporal Thomas Greg & Sons había obtenido el puntaje más alto y cumplido con los requisitos para quedarse con el millonario contrato.
La licitación, valorada en 599.000 millones de pesos, estuvo rodeada de prórrogas, disputas jurídicas y tensiones con la Imprenta Nacional. Tras varios meses de incertidumbre, e incluso menciones de apoyo de Portugal en el suministro de libretas, el contrato terminó siendo adjudicado nuevamente a Thomas Greg, empresa que por años ha manejado la expedición del documento.
Este caso no es nuevo para Leyva. En septiembre, la Procuraduría confirmó su destitución e inhabilidad por diez años por este mismo episodio. El Ministerio Público concluyó que la decisión del entonces ministro careció de soporte jurídico y no buscó garantizar un proceso de selección objetivo, como exige la ley.
La Procuraduría también cuestionó que la Cancillería no hubiera previsto medidas para evitar la crisis generada por la cancelación del proceso, situación que ha mantenido al país en incertidumbre sobre el suministro y expedición de pasaportes.
Con la imputación anunciada, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial.
