La representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, remitió una comunicación oficial al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, solicitando analizar la incorporación de la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, en la Lista OFAC por presuntamente beneficiar estructuras criminales y debilitar el sistema judicial colombiano.
La congresista argumenta que las organizaciones criminales han fortalecido su dominio mediante el aparente control del aparato judicial y de inteligencia.
Señala que esta situación permite a personas con autoridad mediada cometer actos criminales sin enfrentar consecuencias penales, mientras la Fiscalía habría sido utilizada para favorecer grupos narcoterroristas como las disidencias de las Farc.
Garrido critica la eliminación de las unidades GAULA, argumentando que esta decisión comprometió la respuesta inmediata ante secuestros y extorsiones. La legisladora describe esta medida administrativa como una acción que pone en peligro la libertad y seguridad ciudadana.
El documento menciona cinco aspectos problemáticos: suspensión anticipada de capturas contra beneficiarios, permisividad criminal explícita, impunidad anticipada para organizaciones delictivas, ausencia de transparencia sobre qué grupos reciben protección, y abandono constitucional al ignorar conductas que definen operaciones de grupos armados.
La representante destaca la paralización de investigaciones sobre narcotráfico, el bloqueo de inteligencia clasificada y la presencia de actores extranjeros vinculados al tráfico de armas como elementos que erosionan la confianza para compartir información sensible necesaria en la lucha contra amenazas transnacionales.
Garrido enfatiza que la inacción de la Fiscalía ante graves omisiones y su presunta protección hacia estructuras criminales operando desde aparatos gubernamentales constituye un riesgo directo para Colombia y Estados Unidos.
