En el Caribe colombiano, la inequidad no solo se refleja en los ingresos, las oportunidades o la calidad de vida, sino también en el acceso a la energía eléctrica—un servicio que simboliza progreso, seguridad y bienestar.
Aunque la cobertura llega a buena parte del territorio, para miles de familias que habitan en lo que la legislación llama zonas subnormales, la energía sigue siendo un profundo problema estructural que amenaza la sostenibilidad de las empresas prestadoras del servicio, Afinia y Air-e.
Desde la Ley 812 de 2003, Colombia reconoció oficialmente la existencia de estas zonas especiales y la necesidad de garantizarles acceso a la energía, según sus posibilidades de pago y sus condiciones técnicas inferiores a las técnicamente requeridas. Fue un paso importante hacia la justicia social, pero dos décadas después, ese reconocimiento, aunque facilitó el acceso al servicio, ha creado un problema financiero de grandes proporciones para los operadores de red que atendemos el Caribe.
Esta región concentra más del 91.66% de las zonas subnormales del país y empresas como Afinia y Air-e asumen una tarea titánica para garantizar la prestación del servicio en comunidades donde no existen redes formales, ni medición individual del consumo, como tampoco capacidad de pago por un servicio continuo.
En el caso de Afinia, más de 167.000 usuarios con consumos promedio por usuario, superiores a los 330 kilovatios mensuales – muy por encima del consumo de usuarios residenciales de estrato 1 de la misma región-en condiciones de subnormalidad, consumen el equivalente a más de 27.000 millones de pesos en energía cada mes y tan solo pagan el 5% de dicho valor.
El resto se convierte en una pérdida anual superior a 300.000 millones de pesos. Junto al reconocimiento de su existencia, la ley también dispuso que el Estado debía cubrir parte de esos costos mediante subsidios del Fondo de Energía Social (FOES) y el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. Pero los hechos hablan por sí solos: los recursos de subsidios no llegan o lo hacen tardíamente, presionando al extremo las finanzas de las empresas prestadoras del servicio.
A la fecha, el l Gobierno Nacional adeuda a Afinia más de 400.000 millones de pesos. Aun así, el servicio continúa prestándose, en medio de grandes riesgos eléctricos por sobrecargas y mal uso del servicio, que termina en daños que inciden en bloqueos en vías y afectaciones al orden público, que llevan a reacciones de líderes que apelan a la justicia en el servicio responsabilizando a las empresas operadoras, cuando el verdadero problema es estructural y socioeconómico de la región y la solución reside en otras instancias.
Mientras tanto, las zonas subnormales crecen sin control ni su respectivo reconocimiento por algunos entes territoriales. Se expanden con nuevos asentamientos ilegales, migraciones y desplazamientos que los municipios no certifican ni gestionan. Es un círculo vicioso: los gobiernos locales no reconocen la realidad de esta población, la Nación no transfiere los subsidios y la carga termina sobre las compañías.
Esto no es un problema del servicio público. Es un asunto que amerita atención de todos y voluntad política.
Esa ecuación es inviable: no se puede exigir continuidad y calidad cuando no hay pago del servicio, ni subsidios, ni corresponsabilidad. Los operadores no son la causa del problema, pero sí quienes lo financian y enfrentan día a día, sosteniendo un servicio que el resto del Estado ha dejado de respaldar.
Recordemos que entre el operador de red y la comunidad —representada por un suscriptor comunitario y con la participación de los entes territoriales— existen convenios vigentes que permiten definir planes de acción para establecer periodos de racionamiento de energía, que se reducen progresivamente a medida que mejora el recaudo y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la comunidad.
Esta medida que debe observarse objetivamente, no solo desde la carencia socioeconómica de la zona, sino también desde la falta de control y desperdicio del de energía que terminan haciendo inviable el servicio para todos.
Ante esa realidad, los Períodos de Continuidad Concertada (PCC) no deben verse como una sanción, sino como una medida legítima y necesaria. Son una invitación a la corresponsabilidad: a que comunidades, empresas y autoridades trabajen juntas por mejorar el recaudo hasta niveles mínimos de sostenibilidad y avanzar hacia la normalización del servicio.
La situación energética del Caribe no se resuelve señalando culpables, sino asumiendo compromisos. La subnormalidad eléctrica no es un fallo técnico, es un síntoma histórico de inequidad estructural. Si queremos una región más justa y próspera, necesitamos más que energía: necesitamos voluntad política, planeación urbana y ciudadanía corresponsable.
Perpetuar las zonas subnormales eléctricamente, es la base fundamental del problema y mientras sigamos así, la luz del Caribe seguirá titilando entre la esperanza y el olvido.
*Desde Afinia próximamente presentaremos ante el Gobierno Nacional 27 nuevos proyectos PRONE, un paso más en la búsqueda de soluciones estructurales para avanzar hacia la normalización eléctrica. Un esfuerzo que, aunque valioso, sigue siendo apenas un respiro frente a la magnitud del desafío.
