La Fiscalía General de la Nación realizó este lunes 10 de noviembre en Barranquilla una nueva audiencia de imputación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por hechos que investiga como presuntamente ocurridos durante su gestión como diputado del Atlántico.
El ente acusador atribuye al procesado delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. Estos cargos se suman al primer proceso que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La diligencia se desarrolló a las 9:00 a.m. ante un juez de control de garantías de Barranquilla. Los fiscales presentaron elementos probatorios que, según la investigación, vinculan a Petro Burgos con la presunta gestión de contratos por más de 3.000 millones de pesos con la Gobernación del Atlántico, a través de los cuales resultaron favorecidos terceros cercanos a su entorno político y familiar.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento al considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia. El expediente analiza la posible falsificación de documentos públicos supuestamente utilizados para sustentar gestiones administrativas y contratos con entidades del departamento.
La audiencia corresponde a un segundo expediente abierto tras las declaraciones de la exesposa de Petro Burgos, Daysuris Vásquez, quien señaló supuestos ingresos no reportados y acuerdos irregulares con contratistas regionales. Esas manifestaciones motivaron un rastreo financiero que dio lugar a una investigación paralela que ahora avanza en la vía judicial.
El Ministerio Público y la defensa sostienen que las nuevas imputaciones deben apoyarse en pruebas distintas a las ya presentadas en el primer proceso, por riesgo de duplicidad. La Fiscalía afirma que se trata de hechos distintos detectados durante el seguimiento a la Fundación Conciencia Social, entidad vinculada a la gestión de recursos públicos.
Nicolás Petro afronta dos frentes judiciales activos y podría ser llamado a juicio en los próximos meses, mientras la justicia decide si impone medidas restrictivas de libertad o de carácter patrimonial.
