La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 para el municipio de Tibú, Norte de Santander, ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario derivadas de la confrontación armada.
La alerta cubre la cabecera municipal, los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, además de 21 veredas incluidas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, kilómetros 19, 25 y 28, Palo Quemado y Llano Grande.
El escenario de peligro se configura por la intensificación de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y dos grupos disidentes de las extintas Farc: el Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte.
La disputa territorial, activa desde el 16 de enero de 2025, se sustenta en economías legales e ilegales que incluyen alta concentración de cultivos de uso ilícito. Tibú, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, representa un corredor estratégico de valor para actores armados al margen de la ley.
Los hechos de violencia incluyen homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. En el casco urbano existe doble autoridad armada ilegal, con barrios regulados por el Frente 33 o el ELN, donde imponen horarios, restricciones de circulación y sanciones extralegales.
En corredores viales se reportan retenes ilegales con requisas e inspección de celulares. La Defensoría constató presencia y uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, incluyendo ataques con drones explosivos.
Niños, adolescentes y jóvenes son víctimas de reclutamiento, siendo Tibú el municipio nortesantandereano con mayor número de casos registrados: 35 con corte a julio con subregistro. Artefactos explosivos cerca de escuelas rurales obligaron a suspender clases presenciales desde enero en zonas como 20 de Julio y Campo Seis.
Las violencias basadas en género se usan como mecanismo de control, con reportes de abuso sexual de niñas menores de 14 años, pareja forzada y trata de personas y explotación sexual de mujeres migrantes venezolanas.
El pueblo indígena Barí y la comunidad binacional Yukpa enfrentan imposición de normas externas y restricción de movilidad a sitios tradicionales. Líderes sociales y dignatarios de juntas comunales son amenazados y estigmatizados con el término “paraelenos”.
La Defensoría insta al Ministerio del Interior a articular urgentemente 20 recomendaciones formuladas, incluyendo acciones para desarticular grupos armados ilegales, implementar planes de protección colectiva para pueblos indígenas y líderes sociales, y destinar recursos para desminado humanitario en zonas priorizadas.
