El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió 28 horas de horror cuando el M-19 tomó el Palacio de Justicia y el Ejército ejecutó una violenta retoma. Cuarenta años después, ocho personas siguen desaparecidas y las heridas permanecen abiertas.
Cuatro décadas han transcurrido desde aquella mañana del 6 de noviembre de 1985, cuando el reloj marcaba las 11:30 y un comando de 28 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril irrumpió en el Palacio de Justicia, en pleno corazón de Bogotá.
Lo que siguió fueron 28 horas que cambiaron para siempre la historia judicial del país y dejaron una mancha imborrable en la memoria colectiva de los colombianos.
El asalto, bautizado por el M-19 como “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, tomó por sorpresa a magistrados, consejeros de Estado, empleados y visitantes que se encontraban en el edificio. Cerca de 350 personas quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado que se desató inmediatamente.
La violenta retoma y sus consecuencias
La reacción del Ejército Nacional fue, según muchos analistas, violenta y desproporcionada. Tanques blindados rodearon el Palacio mientras helicópteros sobrevolaban el lugar. La operación de retoma, que se extendió hasta el 7 de noviembre, dejó el edificio en ruinas y un saldo devastador: 101 personas perdieron la vida, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a su presidente Alfonso Reyes Echandía.
Entre las imágenes que quedaron grabadas en la retina de quienes vivieron esos días, destaca la súplica desesperada del magistrado Reyes Echandía transmitida por Radio Todelar: “Es urgente, es de vida o muerte”, rogaba por un cese al fuego que nunca llegó.
El dolor que no cesa: los desaparecidos
Pero el horror no terminó con la retoma. Once personas salieron con vida del Palacio de Justicia y nunca regresaron a sus hogares. Cuarenta años después, esta es quizás la herida más profunda que dejó la tragedia.
Entre los desaparecidos se encontraban empleados de la cafetería como Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés y Lucy Amparo Oviedo Bonilla, así como la guerrillera Irma Franco Pineda. Videos y testimonios confirman que varios de ellos salieron con vida del edificio en llamas, fueron trasladados a la Casa del Florero y posteriormente a instalaciones militares, donde se perdió su rastro.
En 2015, tras tres décadas de búsqueda incansable, se logró identificar mediante pruebas de ADN los restos de tres mujeres que trabajaban en la cafetería. Sus cuerpos fueron encontrados en fosas comunes del Cementerio del Sur y en tumbas con nombres de otras personas, evidenciando las graves irregularidades en el manejo de los cadáveres.
Hasta la fecha, ocho personas continúan desaparecidas: Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda.
La búsqueda de justicia ha sido larga y compleja
El camino judicial ha sido largo y complejo. En 2010, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien comandó la operación de retoma, fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de dos personas. Sin embargo, en 2015, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió tras pasar ocho años y medio en prisión, generando controversia y frustración entre las familias de las víctimas.
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos extrajudiciales cometidos durante la retoma, ordenando al país establecer la verdad, condenar a los responsables y determinar el paradero de las víctimas. Una orden que, cuatro décadas después, sigue sin cumplirse completamente.
