Durante el consejo de ministros del viernes 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro le ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar la licitación del Canal 1, aunque la concesión actual de Plural Comunicaciones SAS está vigente hasta mayo de 2037.
El mandatario justificó su decisión al plantear una “nueva forma de manejar la televisión” que debe estar en manos de las “juventudes, de la gente del arte y la cultura”, alejándola tanto del gobierno como de “potentados económicos”. Sin explicar detalles, Petro afirmó que “ahí hay irregularidades”.
Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, rechazó la orden presidencial: “No existe sustento jurídico para lo que solicita el Presidente. La concesión de Canal 1 está vigente hasta mayo del 2037 por ley de la República”. Avendaño calificó la situación como “matoneo sistemático” contra un medio que defiende la democracia y la libertad de prensa.
El Ministerio de las TIC ha venido investigando presuntas irregularidades relacionadas con modificaciones en la composición accionaria de Plural Comunicaciones sin autorización previa del Ministerio, requisito establecido en el Contrato de Concesión No. 001 de 2017.
La empresa sostiene que los cambios de socios son permitidos por ley y que la Superintendencia de Sociedades confirmó que la venta de acciones no requiere aprobación. Además, esta entidad no encontró relaciones de subordinación entre el Grupo Prisa y las empresas vinculadas a Canal 1.
Periodistas y empresarios han rechazado la orden presidencial. Luis Carlos Vélez la calificó como “expropiación” y “ataque contra la empresa privada”. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, la denominó “atentado directo contra la libertad de prensa”.
Canal 1, que pagó 117.000 millones de pesos por la concesión en 2016, cuenta actualmente con 13 millones de televidentes mensuales y más de 15 millones de seguidores en redes sociales.
