El reciente anuncio de la suspensión del programa Mi Casa Ya ha generado una ola de incertidumbre y descontento en todo el país. Este programa, diseñado para ofrecer subsidios a familias de bajos ingresos que soñaban con tener vivienda propia, ahora es una promesa rota que afecta de manera directa a los sectores más vulnerables.
Cerca de 100,000 familias colombianas, la mayoría con ingresos de uno o dos salarios mínimos, tenían la esperanza de acceder a una vivienda digna entre 2025 y 2026.
Con la suspensión de este programa, muchas de estas familias pierden no solo la oportunidad de tener un hogar propio, sino también una herramienta para mejorar sus condiciones económicas y salir de la pobreza. Siendo mayor el problema en las regiones más pobres donde no prevalece el empleo formal ni son fuertes las cajas de compensación, cuya cereza en el pastel, por causa de los altos déficits cuantitativos, es una importante presión en los precios de los arriendos, especialmente los de los estratos bajos, mercado informal donde poco aplican los topes legales de incremento anual y se rigen netamente por oferta y demanda.
El impacto no se detiene ahí. Más de un millón de trabajadores del sector de la construcción también se ven afectados. La paralización de proyectos implica menos empleo y una mayor competencia en un mercado laboral que ya es precario. Muchos de estos trabajadores ahora enfrentarán una lucha por sobrevivir en el “rebusque”, mientras otros verán sus ingresos reducidos por la sobreoferta de mano de obra. La paradoja es evidente: un gobierno que prometió mejorar las condiciones de las regiones más desfavorecidas y que votaron por él, ahora pone en riesgo el sustento de quienes creyeron en su liderazgo.
El presidente ha justificado la suspensión del programa alegando que la falta de recursos se debe al hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Sin embargo, el trasfondo es más complejo. La ley no fue hundida necesariamente por congresistas de las regiones más pobres, sino por la falta de consensos en un Congreso con múltiples intereses y agendas políticas. Esto pone en evidencia la incapacidad del gobierno para construir un diálogo efectivo que garantizara recursos para programas clave como Mi Casa Ya.
Para los empresarios del sector, aunque la medida es un golpe fuerte, como es su naturaleza, buscarán adaptarse al nuevo escenario. Sin embargo, las comunidades más vulnerables no cuentan con esa misma capacidad de reacción. El gobierno tenía otras alternativas para optimizar los recursos sin afectar a tantas familias.
Por ejemplo, podía priorizar las viviendas de interés prioritario (VIP), eliminar las concurrencias en las ciudades con mayores ingresos, priorizar a los municipios más pobres como ya lo había intentado la anterior ministra Catalina Velasco, reducir el monto de los subsidios para alcanzar a más beneficiarios, o al menos mantener los subsidios a las tasas de interés para facilitar los cierres financieros. Sin embargo, ninguna de estas opciones fue considerada, dejando en evidencia una decisión que parece haber ignorado las necesidades reales de las regiones más pobres.
El tiempo dirá si esta medida fue acertada o no para el Gobierno. Las urnas de 2026 serán el escenario donde las comunidades afectadas expresarán su veredicto. Por ahora, el golpe es palpable: menos hogares, menos empleo, y una sensación de abandono que sigue creciendo en las regiones olvidadas del país.
Humberto Ramos*
CEO Rave construcciones, con más de 17 años de experiencia en el sector edificador.
