La Universidad de Córdoba no pagará impuesto predial en Montería a partir de 2025, según establecerá el nuevo Estatuto Tributario Municipal que se debate actualmente en el Concejo. La institución educativa entregó un lote ubicado junto a su campus como dación de pago por deudas anteriores con el municipio.
“Les estamos permitiendo exenciones tributarias a la Universidad de Córdoba que no pagan más predial desde 2025 en adelante”, confirmó el alcalde Hugo Kerguelén García.
El terreno recibido por la administración municipal, ubicado frente al río Sinú, será destinado para la construcción del nuevo embarcadero del sistema de transporte fluvial Businú, que conectará diferentes puntos de la ciudad a través del río.
Este embarcadero permitirá que estudiantes de diversos sectores de Montería, incluyendo Rancho Grande, comuna 5 y Juan XXIII, puedan acceder a la universidad utilizando el transporte fluvial.
La exención tributaria se suma a otros proyectos de cooperación entre la alcaldía y la universidad, incluyendo la posible administración de la Universidad del Sur por parte de la institución, ampliando así su cobertura educativa hacia el sur de la ciudad.
“Tenemos espacio suficiente para que no solamente esté la Universidad del Sur, sino que también va a estar la Universidad de Córdoba, buscando una oferta importante adicional para toda esta comuna como es la comuna 3, la 4, la 6”, explicó el alcalde.
La decisión busca fortalecer la presencia de la universidad pública en diferentes sectores de Montería, facilitando el acceso a educación superior para jóvenes de zonas alejadas del campus principal.
La administración municipal anunció que en 2025 licitará la construcción del nuevo embarcadero en el lote recibido, complementando el desarrollo del sistema Businú que ya cuenta con dos estaciones próximas a completarse en Rancho Grande y Centro Verde.
La propuesta consiste en eximir a la Universidad de Córdoba del pago del impuesto predial data desde hace dos años cuando el rector Jairo Torres hizo la solicitud oficial, argumentado que resulta paradójico que otras instituciones estatales, como la Policía o el Ejército, no tengan que pagar este impuesto, mientras que la única institución de educación superior pública sí esté obligada a hacerlo.
