La Directiva 2023/1115 de la Unión Europea (UE) se ha convertido en un punto de inflexión para el comercio internacional. Esta legislación busca garantizar que los productos que ingresan al mercado europeo no estén vinculados a la deforestación y la degradación ambiental. Aunque inicialmente su entrada en vigor estaba programada para finales de este 2024, la UE decidió ampliar el plazo hasta principios de 2025 debido a preocupaciones logísticas y a la necesidad de que los países exportadores, en especial los de América Latina, puedan adaptarse a los nuevos requisitos.
¿Por qué se extendió el plazo?
La razón de esta extensión radica en las dificultades que enfrentan las cadenas de suministro globales para implementar sistemas efectivos de trazabilidad y garantía de origen. La Directiva establece que productos como carne de res, cacao, café, soja, aceite de palma, madera y sus derivados solo podrán entrar al mercado europeo si se demuestra que no provienen de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020.
Esta exigencia implica un reto mayúsculo para pequeños productores, quienes carecen de recursos suficientes para certificar sus productos.
Ante la presión de asociaciones comerciales y países exportadores, especialmente de Latinoamérica, la UE optó por dar más tiempo. El objetivo es evitar un impacto desproporcionado en los pequeños productores y garantizar una transición más equitativa hacia cadenas de suministro sostenibles.
Impacto en los productos latinoamericanos
América Latina es una región rica en recursos naturales y uno de los principales proveedores de productos agroindustriales para Europa. Sin embargo, también es una región severamente afectada por la deforestación, especialmente en la Amazonía y otras áreas de biodiversidad crítica. Para países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, esta directiva representa un gran desafío y una amenaza para las exportaciones.
En el caso de Colombia, productos como el café, aceite de palma, el cacao y la madera están en la mira. El café colombiano, reconocido mundialmente por su calidad, podría enfrentar dificultades si los pequeños caficultores no logran demostrar que sus cultivos están libres de deforestación. Lo mismo ocurre con el cacao, cuya producción se lleva a cabo en zonas sensibles a la deforestación, como la región del Chocó.
La Directiva 2023/1115 establece sanciones severas para las empresas que incumplan sus disposiciones. Aquellas que comercialicen productos vinculados a la deforestación podrán enfrentar multas de hasta el 4% de su facturación anual en la UE, además, podrían ser suspendidas temporalmente o permanentemente del mercado europeo, lo que supone un riesgo financiero significativo para los exportadores que dependen de este mercado.
Estas sanciones no solo afectan a los grandes productores, sino que también pueden tener un impacto indirecto en pequeños agricultores y cooperativas que no logren cumplir con los estrictos requisitos de trazabilidad, la imposición de estas sanciones tiene como objetivo disuadir el comercio de productos no sostenibles y garantizar que solo ingresen a Europa bienes que cumplan con altos estándares ambientales.
La aplicación rigurosa de estas sanciones obliga a los productores latinoamericanos a realizar una inversión considerable en tecnologías de monitoreo y certificación. Quienes no lo logren podrían perder el acceso al lucrativo mercado europeo, lo que podría tener graves consecuencias económicas y sociales para las comunidades dependientes del comercio agroindustrial.
Aunque a primera vista la Directiva 2023/1115 parece ser una barrera comercial, también podría ser una oportunidad. La demanda europea de productos sostenibles podría incentivar la adopción de prácticas más responsables. Países como Colombia podrían posicionarse como proveedores de productos certificados y sostenibles, ganando un valor agregado en el mercado internacional, sin embargo, esto requerirá el apoyo de los gobiernos latinoamericanos para facilitar el acceso a tecnologías de trazabilidad y certificación, así como programas de financiamiento para pequeños productores. La cooperación internacional también será clave para asegurar que esta transición no deje a nadie atrás.
La lucha contra la deforestación es urgente y necesaria. Pero también es imprescindible garantizar que las regulaciones no perjudiquen injustamente a quienes menos pueden costear el cambio. La Directiva 2023/1115 puede ser una fuerza positiva si se implementa con sensibilidad y cooperación internacional, de lo contrario, podría convertirse en una barrera insalvable para los productos latinoamericanos, especialmente aquellos que son emblema de la biodiversidad y la cultura de países como Colombia.
La extensión del plazo debe ser aprovechada para prepararnos. No hacerlo podría significar un retroceso económico y social para miles de familias que dependen del comercio con Europa. La sostenibilidad no debe ser una imposición, sino una transición justa, adecuada y acompañada.
@javierdelahoz20
