“Me dejaron en visto”, denunció Liney Fuentes Cabrera mientras esperaba en Medicina Legal de Barranquilla la entrega del cuerpo de su hijo de 10 años, asesinado por su expareja Fabián Quintero, quien también hirió gravemente a la abuela del menor. La madre reveló una serie de llamados de auxilio ignorados por las autoridades en las semanas previas al crimen.
Fuentes Cabrera relató que tras recibir amenazas de muerte de su expareja, quien le advirtió que la iba “a matar” y “a picar”, acudió a una comisaría de familia donde le otorgaron un amparo policivo. Sin embargo, al presentarse en la Fiscalía, recibió una respuesta desconcertante: “El fiscal me dijo: vamos a ver si él te sigue amenazando y ahí sí procedemos nosotros con el caso”.
La desesperación de la madre aumentó cuando la Policía nunca ejecutó la notificación del amparo al agresor, pese a sus reiteradas solicitudes de acompañamiento. “Llamé el sábado a la Policía pidiendo ayuda para entregar los documentos, pero me dejaron en visto. Me acerqué al cuadrante y tampoco obtuve respuesta”, explicó Fuentes, quien temía acercarse sola al barrio donde su expareja la esperaba presuntamente armado.
Las amenazas comenzaron cuatro meses después de su separación, ocurrida el 28 de junio, cuando Quintero, convertido en pastor de una iglesia, terminó la relación alegando que vivir con ella lo hacía estar “en pecado”. Desde entonces, intentó controlar sus movimientos y la amenazó repetidamente.
“Nunca la Policía fue a mi casa, nunca me llamaron, nunca me respondieron”, lamentó la madre. Solo tres días después de su última solicitud de ayuda, Quintero ingresó a su vivienda buscándola. Al no encontrarla, disparó contra su hijo y la abuela del menor. “Le pegó tres tiros a mi madre y a mi hijo, que estaba en la sala, le pegó dos. Y salió caminando tranquilo”, describió entre lágrimas.
El presunto homicida, un exmilitar, fue capturado minutos después del ataque con el arma que habría utilizado para cometer el crimen. Será presentado ante un juez en las próximas horas.
Este caso evidencia las graves consecuencias de la inacción institucional ante denuncias de violencia doméstica, sumándose a la lista de tragedias que podrían haberse evitado con una respuesta oportuna de las autoridades a las alertas tempranas de las víctimas.
