Un juzgado de Montería ordenó medidas cautelares tras una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo para proteger a los habitantes del corregimiento Cecilia en Ayapel, Córdoba, afectados por la erosión del caño Viloria.
La decisión judicial ordena al municipio reubicar temporalmente a 32 familias, pagando arriendos por seis meses, y posteriormente incluirlas en un programa de vivienda definitiva.
Además, exige a las autoridades locales, departamentales y la UNGRD realizar un censo en cinco días para identificar todas las familias en zonas de riesgo.
El CVS deberá acompañar la elaboración e implementación de un plan de emergencia y contingencia. Estos buscan proteger los derechos fundamentales de la población vulnerable, incluyendo niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores expuestos a riesgos por inundaciones y problemas ambientales en la zona.
