Miguel Efraín Polo, recientemente elegido magistrado de la Corte Constitucional, respondió a los cuestionamientos sobre su presunta cercanía con el gobierno nacional, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de la Constitución Política y destacando la legitimidad del proceso de su elección.
El jurista enfatizó que su designación fue resultado de decisiones institucionales, señalando tanto al Consejo de Estado, que lo incluyó en la terna, como al Senado de la República, que finalmente lo eligió.
Ante las interrogantes sobre el sorpresivo cambio en la intención de voto de varios congresistas, Polo sugirió que esto podría ser consecuencia de un análisis profundo que llevó a los legisladores a considerarlo como la mejor opción.
Frente a las especulaciones sobre el respaldo gubernamental a su candidatura, el nuevo magistrado evitó pronunciarse directamente sobre la campaña que el gobierno habría realizado a su favor. Además, se abstuvo de comentar sobre un eventual constituyente, argumentando que este tema podría ser objeto de futuras deliberaciones en la Corte.
La designación de Polo, quien asumirá funciones en febrero de 2025 en reemplazo de Antonio José Lizarazo, ha generado un debate sobre la independencia judicial y las relaciones entre las ramas del poder público.