El presidente Gustavo Petro criticó la destitución del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría y alertó sobre el control privado de datos ciudadanos y procesos de escrutinio electoral en Colombia.
A través de su cuenta en X, el mandatario calificó la sanción contra Leyva como “un acto de inmensa injusticia” y señaló que la inhabilitación política por vía administrativa contradice la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de las democracias”, manifestó Petro, quien cuestionó el respaldo del Consejo de Estado a las facultades sancionatorias de la Procuraduría.
El presidente también expresó preocupación por el papel de la empresa Thomas Greg & Sons en procesos estatales. Señaló que la compañía busca “controlar los datos privados de la ciudadanía” y manejar los escrutinios electorales.
La firma obtuvo recientemente un contrato por 41.000 millones de pesos con la Registraduría Nacional para la implementación logística y tecnológica de las elecciones de Juntas Administradoras Locales en 42 municipios.
Esta adjudicación generó controversia después de que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, advirtiera que el convenio estaría diseñado a la medida de la multinacional.
La misma empresa estuvo involucrada en la fallida licitación de pasaportes que condujo a la destitución de Leyva. Thomas Greg & Sons mantiene una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal de Cundinamarca por la declaratoria de desierta del proceso.
“Colombia no necesita disminuir su democracia, sino ampliarla para alcanzar libertad, paz y democracia”, concluyó el presidente en sus declaraciones.
