El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela impuso severas sanciones a la abogada María Alejandra Díaz por presentar un recurso que solicitaba la publicación detallada de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro resultó oficialmente “vencedor”.
La Sala Constitucional no solo declaró inadmisible la acción de amparo presentada por el Frente Democrático Popular, una agrupación disidente del chavismo, sino que además dictaminó una cuantiosa multa contra la letrada. La sanción económica equivale a cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, según lo establecido por el Banco Central de Venezuela.
Las medidas contra Díaz no se limitaron al aspecto económico. El máximo tribunal ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados iniciar de manera urgente un procedimiento disciplinario en su contra, fundamentándose en el artículo 121 de la Ley Orgánica del TSJ, que contempla sanciones para quienes “irrespeten, ofendan o perturben” al Poder Judicial o hagan uso indebido de recursos legales.
Esta decisión del TSJ ocurre en medio de cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la transparencia del proceso electoral venezolano, añadiendo un nuevo capítulo a la controversia sobre el acceso a la información de los resultados comiciales.
