Familiares y residentes del sector Altos de Canaán, en Montería, denunciaron irregularidades en la detención domiciliaria de varios líderes comunitarios, acusados de presunta extorsión. La controversia surgió después de que seis personas fueran arrestadas la semana pasada por las autoridades, quienes los vincularon con actividades ilegales.
En una rueda de prensa, las esposas de los detenidos, respaldadas por el excandidato a la Alcaldía de Montería por la Colombia Humana, Luis Fernando Ballesteros Meza, defendieron la legitimidad de los cobros realizados en la comunidad. Según explicaron, el pago mensual de 8.000 pesos por familia, corresponde a gastos administrativos y servicios de vigilancia, implementados para proteger la posesión del predio.
La comunidad presentó registros contables detallados que documentan los gastos de seguridad, incluyendo el pago a 16 vigilantes que reciben 700.000 pesos mensuales cada uno. “¿Qué extorsionista entrega recibos firmados?”, cuestionaron los familiares, enfatizando la transparencia de la gestión.
Por su parte, Ballesteros explicó que la vigilancia se estableció originalmente como respuesta a la empresa Vallejo, que reclamaba la propiedad del terreno. Actualmente, la mitad del predio está bajo jurisdicción de la Agencia Nacional de Tierras, mientras que particulares reclaman el resto.
La situación se ha complicado con denuncias de intimidación contra familiares de los líderes detenidos, quienes anunciaron que presentarán las pruebas correspondientes ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Los residentes de esta zona le hacen un llamado al Ministerio de Vivienda para que retome los avances logrados en administraciones anteriores, cuando se instaló el servicio de energía eléctrica como parte de los esfuerzos por dignificar las condiciones de vida de la comunidad.
