La situación en El Plateado, Cauca, ha alcanzado niveles críticos de tensión social, donde la población civil enfrenta una disyuntiva entre cooperar con grupos armados ilegales o sufrir graves represalias. Según informes de seguridad recientes, las comunidades rurales están siendo sometidas a un esquema sistemático de presión que incluye la participación forzada en manifestaciones contra la fuerza pública.
Las autoridades han documentado un patrón preocupante de reuniones obligatorias convocadas por estructuras criminales, donde los pobladores son sometidos a estrictos controles, incluyendo la confiscación temporal de dispositivos móviles y el registro obligatorio en listados de asistencia. Estas congregaciones se desarrollan en un ambiente de intimidación, con presencia de hombres armados que ejercen presión psicológica sobre los asistentes.
La situación se torna especialmente alarmante ante la exigencia de que adolescentes mayores de 15 años participen en las protestas, bajo la amenaza de reclutamiento forzado en caso de negarse. Las familias que no cumplan con estas imposiciones enfrentan un espectro de castigos que van desde sanciones económicas hasta trabajos forzados en actividades como mantenimiento vial y labores domésticas en campamentos ilegales.
El trasfondo de estas acciones revela una estrategia calculada para obstaculizar la presencia estatal en la región, específicamente la denominada Operación Perseo. Los grupos armados buscan mantener el control territorial mediante la instrumentalización de la población civil, estableciendo un sistema de extorsiones que, según las denuncias, se ha incrementado debido al reposicionamiento de estas estructuras criminales.
Las autoridades han identificado a los cabecillas responsables de estas acciones coercitivas, quienes además están vinculados con actividades como narcotráfico, extorsión y colocación de artefactos explosivos. La situación representa un desafío significativo para la protección de los derechos humanos en la región, especialmente considerando la vulnerabilidad de menores de edad y familias campesinas que se ven atrapadas en este conflicto.
La crisis evidencia la urgente necesidad de una intervención integral del Estado que vaya más allá de la presencia militar, incluyendo programas sociales, educación y desarrollo económico, elementos que los grupos armados buscan activamente impedir para mantener su dominio sobre la población.
