Referendo fiscal no pretende federalizar a Colombia, aclaran promotores

La propuesta busca implementar la descentralización prometida en la Constitución de 1991.
2 meses atrás
Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta e impulsor del referendo.

El referendo por la autonomía fiscal regional no pretende convertir a Colombia en un Estado federal, sino hacer efectiva la descentralización establecida en la Constitución de 1991, según explicaron los promotores de la iniciativa. La propuesta mantendría el carácter de república unitaria del país, mientras busca redistribuir los ingresos fiscales para fortalecer la autonomía territorial.

La iniciativa propone que los impuestos de renta y patrimonio permanezcan en las regiones donde se generan, modificando el actual sistema que envía el 80% de estos recursos al gobierno central. Este cambio requiere una modificación del artículo 298 de la Constitución Nacional, pero no altera la estructura unitaria del Estado.

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“Queremos mantener el espíritu de la Constitución que habla de una República unitaria pero descentralizada. La descentralización solamente está en el papel”, explicó Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y uno de los promotores del referendo.

El modelo propuesto se inspira en sistemas implementados en países como España, Brasil, Argentina y Estados Unidos, donde las regiones gozan de mayor autonomía fiscal sin comprometer la unidad nacional. La iniciativa incluye mecanismos de solidaridad interterritorial para evitar desigualdades entre departamentos.

Los promotores enfatizan que la propuesta no busca la independencia de ninguna región ni debilitar la unidad nacional. “Esto no significa independizarnos de nadie, nosotros amamos profundamente este país”, señaló Zuluaga, quien agregó que la iniciativa tampoco es una confrontación con Bogotá, sino con el centralismo administrativo.

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El referendo, que ya ha recolectado 1.3 millones de firmas, necesita superar la revisión de la Registraduría, el debate en el Congreso y el control de la Corte Constitucional antes de ser sometido a votación popular. La iniciativa requiere 10 millones de votos favorables para su aprobación.