La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar una petición de nulidad parcial relacionada con violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y personas de orientaciones sexuales e identidades diversas (OSIEGD), presentada por la defensa de algunos comparecientes exmiembros de las FARC involucrados en el macrocaso 002.
Según el comunicado emitido el 21 de octubre de 2024, la Procuraduría considera que sí está demostrada la ocurrencia de las conductas imputadas.
El Ministerio Público asegura en su solicitud que la JEP “identificó las circunstancias de victimización a pueblos étnicos y de control territorial a gran escala, con un amplio número de víctimas y durante amplios espacios temporales, así como la identidad de las comunidades étnicas afectadas y su territorio“.
La Procuraduría resalta que el rechazo a esta solicitud de nulidad es crucial para evitar omisiones graves en la obligación del Estado de investigar estas violaciones.
Según documentó W Radio, la solicitud estaría impulsada por algunos exjefes de la extinta guerrilla de las FARC, como alias Pablo Catatumbo y Edgar López Gómez, más conocido como Pacho Chino.
De forma reservada, la defensa de los exintegrantes de las FARC argumenta que sus derechos fueron vulnerados y que la magistrada Belkis Florentina Izquierdo actuó de forma sesgada, entre otras supuestas irregularidades.
Sin embargo, la Procuraduría insiste en que las decisiones judiciales deben alinearse con los compromisos internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos, protegiendo especialmente a mujeres, niñas y personas OSIEGD.
“El llamado es (…) a evitar que se pongan en contraposición, de manera irreconciliable, los derechos a la defensa de los comparecientes y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición“, señala el documento.
La Procuraduría resalta que las decisiones judiciales deben tomarse con pleno respeto hacia las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización y garantizando su acceso adecuado a la justicia. Cabe recordar que el macrocaso 002, cubre la situación en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño.
