El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, expresó su preocupación por las repercusiones del reciente fallo de la Corte Constitucional que impide la contratación directa con comunidades y organizaciones sociales. En declaraciones públicas, Bolívar advirtió que esta decisión judicial generará retrasos y dificultades en la ejecución de numerosas obras a cargo de la entidad.
“Ante la decisión de la Corte Constitucional, tengo que anunciar, con mucho pesar, que se nos quedarán muchas obras en DPS sin realizar“, afirmó el funcionario.
Según Bolívar, el proceso de contratación con las comunidades ya no podrá realizarse de manera directa y con autogestión, sino que deberá efectuarse a través de operadores externos, situación que podría afectar la eficiencia y transparencia en el desarrollo de los proyectos.
El director de Prosperidad Social manifestó su preocupación por la posibilidad de que estos operadores, similares a los que en el pasado se vieron involucrados en irregularidades dentro de la entidad, asuman nuevamente un papel protagónico en la contratación. “No es un golpe a Petro. Es un golpe a las comunidades”, enfatizó Bolívar.
Ante la decisión de la Corte Constitucional, tengo que anunciar, con mucho pesar, que se nos quedarán muchas obras en DPS sin realizar.
El proceso de contratación con las comunidades ya no se hará de manera directa y con autogestión sino a través de operadores como los que en el… pic.twitter.com/fA7cLBrF1K— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 7, 2024
La sentencia de la Corte Constitucional invalidó varias disposiciones del Decreto Ley 1961 de 2023, el cual permitía al Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR) celebrar contratos directos con comunidades y organizaciones sociales, sin restricciones en los montos.
El fallo determinó que estas disposiciones transgredían el artículo 150, N° 10 de la Constitución, al concluir que el presidente de la República excedió las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso en la Ley 2294 de 2023.
La decisión implica que el INVIR deberá modificar sus procedimientos de contratación, acatando el régimen general de la administración pública y cumpliendo con los principios de transparencia y legalidad en la gestión de la infraestructura vial del territorio nacional.
La demanda que condujo a esta sentencia fue presentada el 4 de diciembre por el congresista de oposición Hernán Cadavid, quien expresó su preocupación por la posibilidad de que se entregaran obras sin límite de cuantía a Juntas de Acción Comunal u otras organizaciones locales.
