La paz, como un derecho humano esencial, debe garantizarse sin discriminación. Su realización requiere fundamentos de verdad, justicia y reparación, así como elementos sociales, políticos y económicos. El Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, así como el de cumplir sus compromisos contraídos en el marco de las negociaciones con grupos al margen de la ley, logrando este equilibrio podremos consolidar una paz duradera.
La unidad nacional en Colombia ha sido un anhelo constante y un gran desafío a lo largo de nuestra historia. En un país marcado por el desplazamiento de más de 8 millones de personas debido al conflicto armado, la búsqueda de una auténtica reconciliación se vuelve más urgente que nunca.
La reciente reunión en Montería entre el Presidente Gustavo Petro y campesinos cordobeses, en la que hizo presencia Salvatore Mancuso, presupone un diálogo abierto entre todos los actores del conflicto, incluso entre quienes alguna vez fueron adversarios, por lo que considero que toda conversación debe ir acompañada de un diálogo inclusivo que incorpore a periodistas, empresarios, académicos y todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad civil. Es crucial pasar de los simbolismos a acciones concretas que transformen la vida de los más vulnerables, especialmente la población campesina, que ha sido testigo y víctima del conflicto durante tantos años.
En esta reunión también se realizó el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional, iniciativa que busca desescalar las tensiones políticas que nos afectan y parte de la premisa de que la paz y la concordia solo se lograrán mediante la articulación de posiciones antagonistas, que respeten la legalidad y la preservación de nuestra democracia.
La entrega de tierras es un buen comienzo, pero debe ir de la mano con un apoyo integral que incluya asistencia técnica, apoyo social, acceso a capital semilla, capacitación y acceso a tecnologías modernas para convertir el campo colombiano en un motor de desarrollo y competitividad. Estas herramientas serán clave para fortalecer los procesos productivos y abrir nuevas oportunidades en el mercado nacional e internacional.
Además de ello, el diálogo social debe estar fundamentado en la equidad, evitando exclusiones políticas, religiosas, ideológicas o raciales. La construcción de una paz genuina requiere de la contribución de todos, asegurando que nuestros campesinos tengan acceso a créditos bancarios y ruedas de negocios que les ayuden a cultivar y transformar sus tierras.
Es fundamental no caer en la trampa de los favoritismos, sino que es necesario que se reconozca y amplifiquen las voces de todas las comunidades, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas. La paz no es simplemente la ausencia de confrontaciones; es un compromiso activo de construcción y reparación social, que implica un cambio de mentalidad y la voluntad de sanar los vínculos rotos.
Construir una Colombia en paz no es tarea sencilla, pero es posible si hacemos de la inclusión y la justicia social nuestras prioridades. Es momento de transformar décadas de dolor en una historia de progreso y desarrollo, y está en nuestras manos tomar las riendas del presente para forjar la Colombia que todos merecemos y anhelamos.
