Venezolanos con pasaportes vencidos no podrán entrar a su país, aseguró el gobierno de Nicolás maduro en un comunicado.
Esta decisión afecta también a quienes poseen doble nacionalidad, exigiéndoles presentar un pasaporte venezolano vigente para entrar al territorio nacional.
La nueva política tiene un impacto significativo en la comunidad venezolana en el extranjero, especialmente en países como Argentina, Ecuador y Chile, donde se ha cerrado la red diplomática y consular venezolana tras las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta situación complica aún más el proceso de repatriación para miles de ciudadanos.
Organizaciones de derechos humanos, grupos de oposición y periodistas han denunciado la anulación inexplicable de pasaportes, afectando no solo a activistas políticos, sino también a emigrantes sin participación política activa.
Mientras tanto, se prevé que Nicolás Maduro asuma la presidencia el 10 de enero, a pesar de que la oposición y gran parte de la comunidad internacional cuestionan la legitimidad de su investidura.
Esta medida ha generado preocupación entre la diáspora venezolana, que ve limitadas sus posibilidades de retorno al país. Expertos en derechos humanos advierten que esta política podría violar acuerdos internacionales sobre el derecho al libre tránsito y retorno de los ciudadanos a su país de origen.
