El organismo de control ha expresado su preocupación ante las recientes propuestas del gobierno nacional que buscan limitar el tiempo de operación y los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según la Procuraduría, estas medidas podrían comprometer seriamente la capacidad de la institución para cumplir su mandato de impartir justicia a las víctimas del conflicto armado colombiano.
En un comunicado oficial, la entidad subrayó que reducir el alcance y presupuesto de la JEP podría obstaculizar la implementación de sanciones y el juzgamiento efectivo de responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, advirtió que tales acciones podrían interpretarse como amnistías indiscriminadas, práctica prohibida por el derecho penal internacional.
La Procuraduría hizo hincapié en la importancia de que las autoridades garanticen los recursos necesarios para la ejecución de las sanciones propias de la JEP, incluyendo una adecuada asignación presupuestaria y coordinación logística para las medidas de reparación a las víctimas.
Por su parte, el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, instó al gobierno del presidente Gustavo Petro a respetar la autonomía judicial de la institución y a asegurar los fondos necesarios para su funcionamiento. Vidal alertó que un cierre prematuro de la JEP podría reactivar el interés de la Corte Penal Internacional en los asuntos colombianos.
