Los pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzarán el 30 de septiembre y se extenderán hasta el 29 de octubre, según anunció Prosperidad Social. Esta iniciativa beneficiará a más de 3 millones de hogares colombianos, con una inversión superior a 2,1 billones de pesos.
El ciclo de pagos incluirá las transferencias correspondientes a los ciclos 3 y 4 de Renta Ciudadana y los ciclos 2 y 3 de Devolución del IVA. Los beneficiarios podrán acceder a los recursos a través del Banco Agrario y sus corresponsales bancarios.
Renta Ciudadana distribuirá fondos a dos grupos: 590 mil hogares por la línea de Valoración del Cuidado y 2,2 millones por la línea Colombia sin Hambre. Esta última, implementada por primera vez, otorgará entre 220 mil y 500 mil pesos a hogares en pobreza extrema, priorizando aquellos con menores de 18 años.
Por su parte, la Devolución del IVA alcanzará a 2 millones de hogares, de los cuales 1,7 millones también recibirán Renta Ciudadana. Esta convergencia responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para armonizar los programas de transferencias.
Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, explicó el proceso: “Tenemos que esperar a que el Ministerio de Hacienda nos gire los recursos para transferírselos al Banco Agrario, que hace los pagos a los beneficiarios”.
Los beneficiarios podrán recibir las transferencias de diversas formas: presencialmente en oficinas y corresponsales bancarios, mediante billeteras digitales, o a través de cuentas de ahorro del Banco Agrario. Se enviarán mensajes de texto con instrucciones específicas para cada hogar.
Prosperidad Social enfatiza que estos programas no tienen inscripciones. La selección de beneficiarios se realiza mediante el Sisbén IV, el Registro Social de Hogares y listados de hogares indígenas validados.
Para resolver dudas, los interesados pueden comunicarse con Prosperidad Social a través de WhatsApp, teléfono, mensaje de texto, chat bot . El Banco Agrario también ofrece canales de atención como correo electrónico y líneas telefónicas.
La iniciativa se alinea con el mandato presidencial de focalizar los subsidios en la población más necesitada, priorizando hogares en pobreza extrema con menores de edad y personas con discapacidad.
