El Consejo de Estado, a través de su Subsección B de la Sección Tercera, falló a favor de Enrique Vargas Lleras, en una acción de tutela interpuesta contra el presidente Gustavo Petro Urrego.
La decisión unánime busca proteger el derecho a la honra y al buen nombre de Vargas Lleras, en respuesta a declaraciones presidenciales que vinculaban a su familia con investigaciones en la Nueva EPS.
El fallo subraya la responsabilidad del presidente en verificar la información antes de hacerla pública, especialmente cuando puede afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La sentencia critica que las declaraciones presidenciales no se limitaron a informar sobre una investigación en curso, sino que imputaron directamente a la familia Vargas Lleras en un supuesto desfalco millonario.
El tribunal señaló que el mandatario no demostró haber realizado una verificación mínima de los hechos presentados como verídicos. Contrastó las afirmaciones presidenciales con las declaraciones del Superintendente de Salud, que mencionó un hallazgo de ocultamiento financiero en la Nueva EPS, pero sin vincular directamente a Vargas Lleras o su familia.
