La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) emitió un comunicado expresando su rechazo a cualquier forma de presión, intimidación o intervención ilegal contra la justicia colombiana.
Esta declaración surge en respuesta a la denuncia realizada por un magistrado titular de la Corte Constitucional, quien alega haber sido objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales, junto con su esposa y algunos de sus magistrados auxiliares, hechos presuntamente provenientes de organismos de inteligencia del Estado.
El organismo disciplinario hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que acelere las investigaciones sobre estos presuntos actos de espionaje. La CNDJ enfatiza la necesidad de establecer con prontitud el origen y las responsabilidades relacionadas con estos incidentes, calificados como “circunstancias lamentables”.
En su comunicado, la Comisión exhorta a todos los sectores de la sociedad y el poder público a garantizar la independencia y seguridad de la Rama Judicial y sus integrantes. Destaca el papel fundamental de los jueces y magistrados en la protección de la democracia y los derechos ciudadanos, respaldados por la Constitución y las leyes.
Frente a estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro ha negado el uso de servicios de inteligencia estatales para vigilar a la oposición, la prensa o las cortes. El mandatario afirma que, desde el inicio de su gobierno, se ha instruido a los organismos de inteligencia a enfocarse exclusivamente en la lucha contra el crimen organizado.
Petro asegura que una inspección reciente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reveló la ausencia de equipos para interceptar comunicaciones privadas. “Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, declaró el presidente, buscando distanciarse de prácticas cuestionables de administraciones anteriores.
