La Justicia española confirmó hoy que la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, será juzgada en un caso de corrupción, como cooperadora en dos delitos fiscales, presuntamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin.
La Audiencia de Palma de Mallorca, donde se juzga el denominado “Caso Nóos” -el desvío de fondos públicos a una entidad presidida por Urdangarin- ha permitido así que la organización Manos Limpias ejerza la acusación popular.
Con esta decisión, el tribunal desestima la petición de la defensa de Cristina de Borbón, que buscaba que se archivara el caso en lo que se refiere a la responsabilidad penal de la hermana del rey.
La tesis de la defensa de la infanta también la apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de Hacienda, durante el primer día del juicio, el pasado 11 de enero.
El abogado de la hermana del rey, Jesús Silva, pidió a la Audiencia que rechazara la legitimación de Manos Limpias para acusarla, basándose en la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia, según la cual, la acción popular no puede sostener la acusación en solitario.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, para quien no hay argumentos inculpatorios contra la infanta, también pidió al tribunal que no se juzgara a la infanta por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario y suplir al perjudicado que es Hacienda.
Para la abogada del Estado Dolores Ripoll tampoco cabe la acusación popular en delitos fiscales, porque el perjudicado es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos.
Una vez resueltas las cuestiones previas, el juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de los acusados que seguirán en el banquillo.
Es la primera vez que una infanta de España, título que reciben los hijos de los reyes que no son herederos, se sienta en el banquillo de los acusados por su supuesto delito.
Cristina de Borbón está imputada por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido, que está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
