La Procuraduría General de la Nación ha confirmado en las últimas horas la sanción impuesta a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez.
Esta medida consiste en su destitución e inhabilidad por 10 años, como consecuencia de irregularidades en la adjudicación de un contrato para implementar tecnologías de información y comunicaciones en colegios públicos del departamento, valuado en más de $20 mil millones.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, en el pliego de condiciones de dicho contrato se establecieron requisitos de experiencia y capacidad financiera que no se ajustaban al objeto ni a la cuantía del contrato, lo que impidió la participación de potenciales oferentes en el proceso de licitación.
La Procuraduría señaló que estos requisitos fueron establecidos de manera subjetiva o caprichosa, y no cumplían con el deber de ser adecuados y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato, como lo exige la ley.
Además de la destitución e inhabilidad de Oneida Pinto Pérez por 10 años, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular confirmó sanciones similares contra la exsecretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y el exfuncionario de la gobernación, Gerardo Cujia Mendoza.
La Procuraduría calificó la conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima, y con el fallo de segunda instancia, la sanción impuesta quedó en firme. Esto debido a que los investigados ya no ocupan cargos de elección popular.





