Una investigación del diario El Espectador ha sacado a la luz una preocupante realidad en el sector agrícola colombiano: al menos un millón de hectáreas cultivables se encuentran bajo el control de cerca de 30 compañías extranjeras. Esta revelación ha encendido las alarmas sobre la creciente extranjerización de las tierras en el país.
Según el informe periodístico, el Ministerio de Agricultura reconoció no contar con mecanismos efectivos para hacer seguimiento a la adquisición de predios por parte de empresas foráneas. Ante esta situación, la cartera creó un equipo especializado para revisar los títulos de propiedad de la totalidad de las 113 millones de hectáreas que componen el territorio nacional, apoyándose en los datos recopilados por Land Matrix, un observatorio financiado por naciones europeas.
La investigación periodística llevó a los reporteros a visitar predios en regiones como Puerto Gaitán, Mapiripán, Meta y Vichada, donde empresas estadounidenses, europeas, mexicanas, chilenas, israelíes y de las Islas Vírgenes han adquirido vastas extensiones de tierra para el cultivo de palma de aceite, maíz, soya, producción de madera y siembra de aguacate Hass.
Uno de los casos más destacados involucra a una comunidad religiosa conservadora europea que llegó al Meta entre 2014 y 2016, y que actualmente posee 30.000 hectáreas registradas a nombre de sus integrantes. Esta situación enfrenta investigaciones por presunta ocupación de terrenos baldíos de la nación.
Otro caso bajo escrutinio es el de la empresa ítalo-española Poligrow, con más de 10.000 hectáreas dedicadas al cultivo de palma y siembra de árboles nativos en Mapiripán.
Además, el cultivo del aguacate Hass, el tercer producto más exportado por Colombia, ha generado controversia debido a la presencia de empresas extranjeras en departamentos como Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia, Huila, Tolima y Valle, con un total de 35.000 hectáreas sembradas. Aunque este cultivo ha sido una fuente relevante de empleo, existen preocupaciones por su impacto ambiental y el alto consumo de agua requerido para su producción.
Como ejemplo, la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) suspendió preventivamente en 2021 las actividades de Green SuperFood, una empresa que posee aproximadamente 2.000 hectáreas en Quindío y Tolima, debido a la falta de permisos necesarios para abrir vías, captar aguas y verter aguas residuales.
Ante esta situación, actualmente se encuentra en el Congreso un proyecto de ley respaldado por el Ministerio de Agricultura, que busca regular la posesión de tierras en manos de extranjeros, estableciendo un límite máximo del 15% de la totalidad del suelo rural de la frontera agrícola en cada municipio.
