En 2020 fueron reportados 8.188 casos de extorsión. El registro de denuncias por el delito ascendió a 9.871 en el año que acaba de terminar, de acuerdo con Siedco, portal de estadística delictiva de la Policía Nacional.
El reciente traslado de alias ‘Satanás’ de la cárcel de Girón en Santander a la Tramacúa en Valledupar ha vuelto a poner de manifiesto la creciente problemática de la extorsión en Colombia.
Es por eso que, en medio de este complejo panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular.
El fin es que permitan generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales, organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Además, este órgano solicitó un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para que sea modernizado el sistema penitenciario con tecnología 4G o 5G y así sean más eficientes los inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles colombianas, ya que muchos internos están llevando a cabo la conducta criminal mediante la modalidad de llamadas telefónicas.





