Lorica. La Defensoría del Pueblo activó las alarmas ante la grave situación que atraviesan 63 reclusos de la cárcel La Amarilla, en Lorica, Córdoba, donde no se les garantiza el derecho a la alimentación ni la atención en salud, a pesar de acciones legales emprendidas por el ente de control desde 2022.
Según constató el defensor Carlos Camargo en visita al centro penitenciario, los presos deben recolectar dinero entre ellos para comprar sus propios alimentos, los cuales apenas alcanzan para una comida diaria debido a sus escasos recursos.
Quienes requieren medicamentos o citas médicas tampoco reciben la debida atención, ya que no hay vehículos disponibles para sus traslados. Esta situación se agravó tras la renuncia masiva de celadores por salarios impagos durante 7 meses. Actualmente, son custodiados por la Policía.
Ante este panorama, la Defensoría interpuso desde octubre pasado una acción de tutela para proteger los derechos a la vida digna, salud e integridad personal de los reclusos, la cual fue fallada a favor, pero no acatada por las alcaldías responsables de gestionar el penal.
Por tal motivo, la entidad elevó un incidente de desacato para que los mandatarios municipales de Lorica y otras localidades cumplan las órdenes judiciales y solucionen de manera coordinada las falencias que tienen al borde de la inanición a decenas de personas bajo su custodia.
De no atenderse esta situación con urgencia, se pondría en gravísimo riesgo la vida e integridad de los internos, advertida la Defensoría. Sumado al hambre y las enfermedades sin atender, en diciembre se fugaron 5 presos de alta peligrosidad ante la laxa vigilancia.
