El Gobierno Nacional ha elaborado un decreto que autoriza la posesión, licencia de cultivo y el uso de semillas de amapola, coca y cannabis por entidades públicas.
Las autorizaciones tendrán una vigencia inicial de cinco años, renovables con solicitud previa, y podrán ser ajustadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, según la naturaleza de las actividades.
El marco regulatorio especifica la participación necesaria de entidades públicas, como alcaldías, gobernaciones, entidades nacionales o cabildos, así como organizaciones campesinas y comunidades étnicas en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.
Sorprendentemente, se abre la puerta a la participación del sector privado como socio inversionista, permitiendo a empresarios dedicados a productos legales relacionados con coca, amapola o cannabis establecer sociedades.
El objetivo central de este decreto es la transformación de plantas vinculadas al narcotráfico en materias primas para productos legítimos, como pinturas, alimentos, cosméticos y fertilizantes.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que la medida busca contribuir a la reconversión económica y desarrollo rural, con un enfoque de justicia social. Afirmó que las organizaciones campesinas y comunidades étnicas en territorios afectados por conflictos deben ser los principales beneficiarios, utilizando estas plantas para generar una industria lícita, supervisada y apoyada por el Estado.
