Córdoba. En el corazón de Córdoba, el fenómeno de la apropiación sistemática de baldíos tomó un protagonismo hace cuatro décadas, revelando un desafío estructural que va más allá de las fronteras de este departamento.
A medida que la Agencia Nacional de Tierras se enfrenta a la monumental tarea de gestionar los predios baldíos, se evidencian problemas críticos relacionados con la acumulación de tierras, concentración de propiedad y la extranjerización de extensas áreas rurales.
El proceso histórico, delineado desde la década del 60 hasta la creación de la Agencia Nacional de Tierras en 2015, ha dejado un rastro de decisiones y confusiones en la administración de estos valiosos recursos, explicó Ricardo Romero, subdirector de Procesos Agrarios de la Agencia Nacional de Tierras.
Sin embargo, es la sentencia SU 288 de la Corte Constitucional en 2022 la que ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar la informalidad y la falta de registros claros que afectan a aproximadamente el 65% de las propiedades rurales a nivel nacional.
En Córdoba, se revela una realidad aún más compleja. Cerca de 3.100 registros, de un total de 45,000, presentan condiciones legales cuestionables, habiendo sido asignados por jueces a personas que no cumplen con los requisitos de reforma rural integral.
La apropiación sistemática va más allá de la simple confusión; se vislumbra un intento de aprovechar las facultades judiciales para acumular tierras por encima de los límites establecidos por la normativa.
Según Romero, este fenómeno no solo amenaza la equidad en la distribución de tierras, sino que también afecta la esencia de la asignación de baldíos, diseñada para beneficiar a la población campesina vulnerable.
La ley 160 y el decreto ley 912, que establecen criterios específicos para la adjudicación de tierras, se ven desafiados por la asignación a personas jurídicas y empresas, contradiciendo el propósito fundamental de apoyar a aquellos cuyo sustento depende del trabajo de la tierra.
El funcionario de la ANT puntualizó que la acumulación de tierras, la concentración de la propiedad y la necesidad de romper con un indicador Gini que se sitúa en 0.86 son llamados urgentes para garantizar que la tierra rural cumpla su función de generar riqueza sostenible para las comunidades locales, en lugar de privilegiar a unos pocos.
