El presidente ejecutivo de Fedegán y miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, José Félix Lafaurie, ha revelado un preocupante panorama sobre la extorsión en Colombia. Según Lafaurie, ningún rincón del país escapa de este delito que afecta tanto a grandes empresarios como a pequeños comerciantes y hasta a familias enteras.
En su columna de opinión más reciente, Lafaurie describió la situación de varias zonas del país que están asediadas por grupos narcotraficantes, contrabandistas y delincuenciales. En Barranquilla, por ejemplo, se han cerrado alrededor de 200 locales comerciales debido a la extorsión. En Sincelejo, más de 300 negocios también han cerrado debido a las amenazas.
El problema de la extorsión también se ha extendido a los barrios populares de varias ciudades. En algunos barrios de Bogotá, una banda conocida como “El tren de Aragua” obliga a los comerciantes a vender drogas y licor adulterado bajo amenaza de muerte.
En el Valle de Aburrá, incluso los puestos de venta de arepas están sujetos a pagar una “cuota de seguridad”. En Cali, los niños deben pagar un “peaje” de 1000 pesos a bandas de microtráfico para poder ir a la escuela.
Lafaurie caracteriza la extorsión como un delito oculto, ya que el terror que genera provoca una indefensión en las víctimas. Aunque las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, las denuncias han aumentado significativamente en los últimos años. La falta de acción disuasiva por parte de las autoridades y el colapso del sistema penitenciario también contribuyen a la indefensión de las víctimas.
El narcotráfico juega un papel importante en el aumento de la extorsión, ya que el negocio ha crecido y se ha desdoblado en múltiples grupos y bandas en las ciudades. Estos grupos se aprovechan de la economía popular en los barrios populares, generando aún más inseguridad.
