Nación. Una preocupación ronda entre los pasillos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), puesto que las reclamaciones de bienes que administra esa entidad por parte de terceros van en aumento.
Ante ello, el director de la SAE, Daniel Rojas Medellín, envió una carta a la Fiscalía General de la Nación para que se renueven las medidas cautelares sobre predios que en su momento fueron confiscados y que pertenecieron a narcotraficantes y delincuentes.
A través de la cuenta de Twitter de la SAE, Rojas Medellín le pidió al fiscal general Francisco Barbosa Delgado, que instruya a los fiscales delegados para la extinción de dominio, con el fin de que tramiten la solicitud de renovación de las medidas contra los bienes de la mafia ante las autoridades de registro.
Le solicitamos a la @FiscaliaCol renovar las medidas cautelares de más de 10 años sobre los procesos de extinción de dominio para evitar que los bienes incautados a las mafias sean devueltos a sus dueños.
Esta es la solicitud enviada por @DanielRMed pic.twitter.com/HDABVSrzid
— Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) October 28, 2022
Esto se debe a que en muchas oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la nación se están haciendo las reclamaciones respectivas por parte de abogados, que aducen los 10 años de caducidad de los procesos de secuestro y embargo.
“Se corre el peligro de que muchos bienes extintos o en proceso de extinción de la mafia y de presuntos criminales vuelvan a sus tenedores, evadiendo la lógica del principio de extinción de dominio que es la reparación, la inversión social y la lucha contra el crimen organizado”, dijo Rojas Medellín.
El director de la SAE precisó que “le pedimos muy comedidamente a la Fiscalía que como cabeza de la acción penal y de los procesos de extinción de dominio solicite la prórroga por dos veces el término de cinco años de estos bienes para no entorpecer precisamente los procesos de extinción de dominio y mucho menos la reparación a la que tienen derechos las víctimas”.
De hecho, la ley le otorga a los fiscales de extinción la facultad de ordenar el secuestro de los bienes, es decir, un embargo judicial que puede evitar que esas propiedades puedan ser ocultadas, negociadas, transferidas o puedan sufrir deterioro o destrucción.
